Por Mauricio Vicent / El País
Suena el teléfono y es de la prisión de Guanajay, una cárcel de máxima seguridad situada a 45 kilómetros al oeste de La Habana. "Soy Miguel Galván, del Grupo de los 75. ¿Es el corresponsal de EL PAÍS?".
La voz de este ingeniero de mecánica automotriz, con varias maestrías a sus espaldas y 45 años de edad, suena como un cañón, pero en sus palabras se percibe también la angustia: "Todavía nadie me ha llamado, sigo esperando...". Con igual incertidumbre, otros presos aguardan la llamada del cardenal Jaime Ortega, principal mediador de la Iglesia católica ante el Gobierno, quien desde hace días contacta personalmente con cada uno de los opositores en prisión para saber qué quieren hacer.
"Le diré que me voy si puedo marcharme con toda mi familia [una decena de personas, entre hermanos, sobrinos, cuñados]. También quisiera poner un ramo de flores en la tumba de mi madre", asegura. A Galván, condenado a 26 años de cárcel (la tercera pena más elevada de aquellos juicios sumarísimos de la primavera de 2003), le preocupan las condiciones de llegada en España. Es uno de los objetivos de esta llamada: "¿Sabe usted algo de cómo van las cosas por allá?".
Otros dos prisioneros de conciencia en Guanajay, Héctor Raúl Valle Hernández y Alfredo Felipe Fuentes, se enfrentan al mismo dilema: todavía no los han llamado aunque se quieren marchar, y comparten las mismas angustias. El cuarto miembro del Grupo de los 75 que cumplía su sentencia en esta prisión, José Ubaldo Izquierdo, habló hace días con Ortega y saldrá hacia España junto a un grupo de otros siete opositores esta misma semana.
Galván vuelve a la carga: "¿Se sabe ya qué pasará con los que no quieran marcharse?". Todavía hay muchas cosas que no están claras, y las múltiples indefiniciones tienen "mal" a los presos, afirma este sindicalista opositor, que en el momento de su detención trabajaba como periodista de la agencia disidente Havana Press. Después de nuestra conversación a toda prisa ("los presos tenemos solo 25 minutos semanales de llamadas telefónicas"), el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, despejó algunas dudas: el Gobierno liberará a todos los presos políticos que no carguen con hechos violentos ni delitos de sangre, no solo a los 52 miembros del Grupo de los 75; y los que decidan quedarse en Cuba podrán hacerlo. "Lo que dice el acuerdo, (es) que podrán viajar al exterior (...), pero en Cuba hay personas que fueron liberadas de prisión hace años y que están en su casa. Esto es lo mismo", declaró en entrevista con France Presse en Ginebra.
Pero ¿cuántos presos políticos "pacíficos" pueden beneficiarse de la medida? El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez, aclara que una vez salgan los 52 presos del Grupo de los 75, en las cárceles quedarán 101 presos "por motivos políticos". "De estos, 36 pertenecen a organizaciones opositoras, alrededor de 60 no han realizado ningún hecho violento y 69 pudieran acogerse ahora mismo a la libertad condicional, aplicando las leyes cubanas". Sánchez no da nombres por "elemental discreción", pero sus informes ya están en manos de organizaciones humanitarias. Otra noticia es que, gracias a gestiones de la Iglesia, el Gobierno permitirá salir directamente hacia EE UU a Ariel Sigler Amaya, parapléjico, liberado recientemente.
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