Madrid - Los frutos del diálogo que la Iglesia católica mantiene con el régimen castrista, desde el pasado mayo, son cada vez más palpables: el anuncio este miércoles de la próxima liberación de 52 prisioneros de conciencia, la reciente excarcelación de Ariel Sigler, la libertad condicional de Darsi Ferrer y el traslado de al menos doce presos a cárceles más cercanas a sus familias.
La mayor parte de la oposición interna y externa califica estos pasos como positivos, pero denuncia que el régimen comunista haya cambiado la libertad por el destierro de los 52 disidentes del llamado "Grupo de los 75".
Estos prisioneros de conciencia fueron detenidos en la oleada represiva de la Primavera Negra de 2003 y condenados a penas de entre 6 y 28 años de cárcel. Desde hace siete años viven tras las rejas en condiciones infrahumanas, para muchos de ellos incompatibles con su salud, sólo por disentir con el Gobierno de La Habana, que les considera «mercenarios» al servicio de Estados Unidos. Las Damas de Blanco, la organización de mujeres familiares de estos presos que nació tras la redada, han clamado que «son inocentes» durante todos estos años.
Si la dictadura cubana cumple durante los próximos tres o cuatro meses este último compromiso adquirido con la jerarquía de la Iglesia católica, en presencia de un satisfecho Miguel Ángel Moratinos, será la mayor liberación de presos políticos desde la llegada de Raúl Castro al poder en febrero de 2008. Ahora habrá que ver si los 52 prisioneros que quedan del «Grupo de los 75» están dispuestos a pagar la factura del destierro. Muchos de ellos han reiterado que su libertad no tiene precio. En una primera valoración, Laura Pollán, una de las fundadoras de las Damas de Blanco y esposa del prisionero de conciencia Héctor Maseda, reclama «una verdadera libertad, que el preso y su familia puedan decidir; si hay deportaciones forzosas no se podrá hablar de avance de derechos humanos».
Esta liberación masiva no significará que no habrá más oleadas represivas contra la oposición democrática. En febrero de 1998, pocos días después del histórico viaje de Juan Pablo II a la isla, la dictadura castrista liberó a 299 presos, entre políticos y comunes. Cinco años después detuvo a otros 75 opositores. Y durante el anuncio de este miércoles, La Habana no ha ofrecido ninguna garantía de que su política vaya a cambiar.
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