José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, indicó en un mensaje que ante la situación que impera en la isla "la comunidad internacional debe presionar a Cuba para que avance más allá de la liberación esporádica de disidentes encarcelados y se proponga en cambio desmantelar las leyes, las fuerzas de seguridad y los tribunales represivos que permitieron su encarcelamiento en primer lugar".
Dijo que "la intención de liberar a un grupo de presos políticos cubanos constituye un paso positivo, el gobierno cubano debería disponer la liberación de todos los presos políticos, debería además desmantelar sus leyes y prácticas autoritarias, que continúan privando a los cubanos de sus derechos más básicos".
El Arzobispado de La Habana anunció ayer que el gobierno cubano liberaría a cinco presos políticos con la condición de que se trasladaran a España con sus familias, y que otros 47 presos políticos detenidos en 2003 serían liberados en un plazo de entre tres y cuatro meses.
Entre los presos políticos que serían liberados están algunos de los 75 periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros disidentes que fueron arrestados como parte de un operativo masivo llevado a cabo por el gobierno cubano en marzo de 2003.
Todos fueron sometidos a "juicios sumarios a puertas cerradas que vulneraron sus derechos más básicos de debido proceso, y recibieron penas de un promedio de 19 años de prisión".
Al respecto, Vivanco señaló que "si bien nos sentimos aliviados por estos presos y sus familiares, la realidad es que un gran número de presos políticos encarcelados durante el gobierno de Raúl Castro continúan padeciendo la privación de su libertad".
Recordó que desde que Fidel Castro le transfirió el control del gobierno en julio de 2006. "Raúl Castro ha encarcelado a una gran cantidad de presos políticos. El gobierno se ha amparado especialmente en una disposición del Código Penal de Cuba que permite a las autoridades encarcelar a las personas incluso antes de que hayan cometido un delito, con el argumento de que son "peligrosas" y pueden cometerlo en el futuro.
En el informe de Human Rights Watch, "Un nuevo Castro, la misma Cuba", la organización documentó más de 40 casos de disidentes que han sido encarcelados por "peligrosidad" durante el gobierno de Raúl Castro, y muchos otros casos de personas condenadas mediante la aplicación de leyes que penalizan la libertad de expresión y asociación.
Vivanco detalló que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que no ha sido reconocida por el gobierno de la isla- ha podido documentar 167 casos de personas que actualmente se encuentran en prisión por motivos políticos.
"Dado que HRW ha documentado otros casos de personas encarceladas por "peligrosidad", creemos que la cantidad de presos políticos es aún mayor".
El organismo pidió la liberación de todos estos presos, pues incluso en el pasado, "el gobierno cubano concedió la licencia extrapenal a diversos presos políticos en lugar de disponer su liberación de manera incondicional (...) deja abierta la posibilidad de que los disidentes sean obligados a regresar a prisión para cumplir su condena en el futuro, en una medida intimidatoria para que se abstengan de ejercer sus derechos fundamentales".
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