14 de junio de 2010
Los funcionarios de distintas instituciones del Estado, entre ellas, del departamento de atención a la población del Ministerio del Interior, la Fiscalía Militar y oficiales de la Seguridad del Estado, alegaron a Osvaldo Sarrias que su denuncia no procedía por falta de elementos de pruebas, que vincularan a los instructores de la 5ta Unidad de la policía de Playa con actividades de corrupción durante el proceso cuando lo instruyeron de cargos.
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Osvaldo Sarrias Martín refiere que no puede aportar una grabación o un video que muestre a los militares exigiéndole dinero para dejarlo en libertad, pero no por ello deja de tener prueba de la veracidad de su acusación. Asegura Sarrias que la evidencia de que los instructores policiales por él acusados son unos corruptos, constituye el hecho de que los principales autores del delito en el que está involucrado y por el que está preso pendiente de juicio desde hace 7 meses, están libres, como es el caso del Sr. Jesús de la Paz, el gestor de venta de la empresa ECOA-41 implicados en el delito, pero con dinero suficiente como para pagar y no ir preso.
Osvaldo Sarrias Martín responsabiliza a las autoridades del Gobierno con lo que le suceda a consecuencia del rechazo de alimentos, y exige que se realice una investigación seria por funcionarios comprometidos con la justicia, que hagan prevalecer las leyes vigentes en el país. Reconoce su parte de responsabilidad en el delito que se le acusa, pero no es ni autor principal del mismo, ni el único implicado.
