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Lo cierto es que el régimen cubano podría haber adoptado por propia iniciativa las medidas acordadas en el marco de estas conversaciones con la Iglesia. Si ha preferido situarlas en el contexto de una negociación es porque, de este modo, obliga a que la comunidad internacional se abstenga durante el tiempo que duren de iniciativas políticas que puedan interferir con la mediación del Vaticano. Los beneficios de estas conversaciones radican en la atenuación de las duras condiciones de vida de los presos políticos, algo que solo puede suscitar apoyo. Pero los límites se encuentran, por su parte, en el hecho de que se trata de una iniciativa humanitaria, que no se ocupa de los mecanismos políticos y jurídicos de los que se vale el régimen para perseguir a la oposición.
El Vaticano es sin duda uno de los actores internacionales más capacitados para interceder por los presos políticos. El problema es que la posibilidad de un futuro distinto para Cuba se decide en la transformación de su régimen, no en la atenuación de sus atropellos más palmarios. Hasta ahora, el Gobierno cubano siempre ha utilizado a los presos como parapeto y moneda de cambio frente a las presiones: mientras obliga a la comunidad internacional a discutir sobre la situación de las cárceles, le impide abordar aspectos políticos sustanciales.
La escala para medir la evolución del régimen cubano no puede ser el número de presos políticos que libera, sino el desmantelamiento de los instrumentos que le permite encarcelarlos. Sería deseable que la Iglesia consiguiera vaciar las cárceles cubanas, pero, aun en ese caso, la evolución del castrismo estaría por empezar.
Editorial / El País.com
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